LAS CARTAS DE LA QUIEBRA

Las cartas llevan sellos de Elvis Presley, golondrinas, corazones púrpuras, ramos de flores. 

En el expediente o docket de la quiebra de Puerto Rico hay cartas escritas a mano, en papel de argolla, en computadora. No están firmadas por abogados o por grandes firmas de inversionistas, sino por personas retiradas, profesores y maestros, organizaciones cívicas, analistas financieros, políticos, confinados y uno que otro anónimo.

El docket es como una urbanización de acceso controlado donde cada entrada — hay más de 15,800 en el repositorio — tiene su propio número. Adentro puede haber más de un documento, y casi siempre son documentos legales. Excepto por las cartas. 

Van dirigidas al tribunal federal y a la jueza a cargo de la bancarrota, Laura Taylor Swain, y tienen propósitos distintos. Algunas contestan algún pedido de información hecho por los abogados de la Junta de Control Fiscal, quienes controlan el proceso de quiebra. Hay cartas que documentan la pérdida de ahorros luego de inversiones fallidas en bonos de Puerto Rico. Otras muestran preocupación por posibles recortes a sus cheques de pensión o por el efecto de la quiebra en sus vidas. 

La mayoría pide que se le ordene al Gobierno de Puerto Rico que les pague el dinero que reclamaron o invirtieron.

Las cartas, en español e inglés, van acompañadas de evidencia: certificaciones de trabajo, formularios de retiro, cartas de superiores, planillas contributivas, presentaciones, cálculos matemáticos manuales. Van acompañadas también de sentimientos: respeto, desconocimiento, frustración, molestia y desesperanza. 

Muchas veces la única respuesta que reciben es una carta genérica del tribunal federal notificando que el documento presentado es “defectuoso” por ser ilegible o estar sin firma, entre otras justificaciones.

Otra de las contestaciones genéricas que se repiten lee: “Aunque el Tribunal no puede responder individualmente a todo aquel que ha expresado sus pensamientos o preocupaciones, el Tribunal está profundamente consciente del impacto de la crisis fiscal en las vidas, instituciones y expectativas, y de la importancia de los asuntos que se discuten en este caso sin precedente”.

    ELIEZER SANTANA

    La caligrafía de Eliezer Santana parece cursiva, pero es letra de molde. Entre el 2017 y el 2020 ha escrito al menos nueve cartas al tribunal federal. En ellas pide que le permitan continuar con varios pleitos que lleva contra el Gobierno y que fueron paralizados una vez comenzó la quiebra. 

    Santana demandó al Gobierno en el 2013, 2014, 2015 y 2016, alegando violaciones de derechos civiles. Acordó con el Estado ponerle fin a una de estas demandas a cambio de $2,000. Pero nunca recibió este dinero.

    Todo el proceso quedó paralizado con el comienzo de la quiebra en el verano del 2017. Esto ocurrió con todos los casos legales pendientes que pudieran significar un gasto de dinero de parte del Estado. A esto se le conoce en inglés como el stay de PROMESA.

    “Yo solicito, por ser esto una suma bajita, y por haber transigido estando Promesa puesta [en vigor], [...] que se ordene levantar la paralización en este caso y se ordene depositar el cheque”, escribió en su tercera carta. 

    Hay una opción de dejar sin efecto el stay con el visto bueno del tribunal federal y esto fue lo que Santana intentó sin éxito. El Gobierno se opuso y dijo que pagarle a Santana sería injusto para el resto de las personas que tienen situaciones similares. 

    Santana insistió: a él sólo le deben $2,000 y no millones como a los bonistas.   

    La jueza decidió en su contra y ordenó que notificaran por correo a Santana. La dirección de él es: 50 Carr. 5 Unit A-501 Edif 3-J, Ind. Luchetti, Bayamón, P.R. 00961. El Complejo Correccional de Bayamón.

    MIGDALIA FUENTES CABÁN

    En sus dos cartas, Migdalia Fuentes Cabán aclaró varias cosas. Primero, que el Fideicomiso LALMFC fue creado por su esposo y de ahí sus letras. Que su esposo dejó de ser administrador luego de crear el fideicomiso “hace cerca de diez años”. Que ahora ella es la administradora. Que el dinero es para dos menores. Que cumplió con todos los requisitos y fechas límites en el caso de quiebra cuando reclamó dinero al Gobierno. Que la Junta rechazó sus reclamaciones. Que ella se opone a que la Junta las rechace. 

    Por último, pidió “cualquier otro remedio que se considere justo en favor del Fideicomiso LALFMC y en consecuencia a los menores que protege”.

    Migdalia es esposa de Lutgardo Acevedo López, creador “hace casi 10 años” del fideicomiso. En el 2013, Acevedo sobornó a un juez para salir absuelto de un caso de homicidio negligente. Por estos hechos fue convicto en el 2018, y desde entonces cumple 15 años de cárcel.  

    Quien fuera contador público y recaudador del Partido Popular Democrático, escribió en ese momento que había perdido su reputación y su carrera.

    Según un estado de cuenta de Popular Securities, también perdió tres cuartas partes del fideicomiso que creó junto a su esposa. Una gráfica de línea muestra cómo el valor de sus inversiones fue de casi $800,000 en el 2011 a menos de $200,000 en el 2019. No era para menos: invirtió en bonos de Puerto Rico.

    Ahora, la pareja reclama como acreedores más de $640,000 al Gobierno como parte del caso de quiebra.

        MIGUEL CUBÍ,
        JOSÉ BÁEZ
        AWILDA CORIANO,
        MARILUZ COLLAZO

        Miguel Cubí trabajó 32 años como maestro de escuela pública y durante ese tiempo, el Gobierno nunca le pagó casi $20,000 en salarios. 

        Ya retirado, reclamó este dinero en la quiebra de Puerto Rico. Envió como evidencia un certificado que recibió en el 1968 de parte del Departamento de Instrucción Pública — ahora Departamento de Educación — y que asegura que cumplió con todos los requisitos para ser maestro de escuela elemental de por vida. También envió un talonario del cheque de $404.57 que recibe de pensión, una hoja de cómputos que hizo a mano con el dinero que le deben y una tabla que resume estos cálculos. 

        José Báez, un oficial de la Policía, envió como evidencia la carta donde el entonces superintendente, Pedro Toledo, le notificó que había aprobado su período probatorio.

        Awilda Coriano, buscó un abogado notario para poner en una declaración jurada que ella es retirada y le deben dinero de aumentos salariales.

        Los tres reclaman que el Gobierno nunca les pagó un aumento de $100 mensuales bajo una ley firmada por Carlos Romero Barceló en el 1979 conocida como el Romerazo. También le deben otro aumento otorgado en el 2002 por Sila María Calderón para compensar el aumento en el costo de vida. 

        Esta también es la historia de Mariluz Collazo y de miles de exempleados públicos que reclamaron en la quiebra aumentos salariales que nunca recibieron mientras trabajaron como servidores públicos. La mayoría de las cartas escritas a mano en el docket responden a este tipo de reclamaciones.

        ANÓNIMO

        “A” pidió perdón por usar un pseudónimo. “Honestamente no puedo revelar mi identidad por razones personales y profesionales. Habiendo dicho esto, soy bonista y residente de Puerto Rico”, lee el email enviado en inglés desde la cuenta anonconcernedinvestor@gmail.com.

        “A” escribió a la jueza para ver cómo podía lograr que el Gobierno adopte una “dieta saludable”. Sugirió recortar el gasto de los jefes de agencia y la escolta de los alcaldes, un despilfarro que, según A, equivale a más de 200 guaguas Chevy Tahoe (o similar), o unos $40 millones anuales.  

        “A” pidió que consoliden servicios municipales a través de los 78 pueblos de la isla. También apuntó al dinero que reciben los legisladores para comer. “No me sorprende cómo los encontramos de manera rutinaria en los restaurantes más caros de la isla”, escribió.

        “A” planteó que el Gobierno puede recortar gastos y espera que la jueza logre que esto suceda. “Soy imparcial en cuanto a cómo se distribuye el bizcocho siempre y cuando se haga de manera justa y, en lo posible, de acuerdo a la ley”, dijo el inversionista anónimo.

        CHARLES WILLMORE

        Ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg tienen suficiente dinero para hacerlo. Pero Charles Willmore asegura que puede pagar toda la deuda de Puerto Rico, más de $140,000 millones, según la carta que envió a la jueza Swain.

        Hay un detalle. El dinero vendría del gobierno de Estados Unidos, que le debe a él $750,000 millones por unas patentes que, según él, cubren el Iphone, el Ipad, el Ipod, Skype, Youtube, Ebay, Amazon, Android y Facebook. Estas patentes, según él, fueron confiscadas por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. 

        La explicación de Willmore está contenida en las 30 páginas que envió. No hay ninguna contestación de la jueza.

        JORGE MÁRQUEZ

        El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, le pidió por carta una reunión a la jueza Swain. Tiene una presentación de seis puntos, todos relacionados al dinero de los municipios. 

        La intención, según él, es mostrar el efecto negativo que tendrán los recortes presupuestarios que la Junta ordenó a los ayuntamientos.

        “Siento que tengo la responsabilidad de explicar cuál sería el efecto que tendría la reducción de $350 millones a los municipios”, dijo.

        Si es posible, Márquez escribió, quiere que lo acompañen a la reunión Carlos Molina, ahora ex alcalde de Arecibo y ex presidente de la Federación de Alcaldes, y Rolando Ortiz, alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes. Así, dice Márquez, los 78 municipios de la isla tendrán representación. 

        Dos semanas después, Swain contestó: “Debo rechazar su pedido porque, siendo la jueza del Distrito de Estados Unidos designada a cargo del proceso, sería impropio de mi parte reunirme con una parte interesada fuera del contexto de los procedimientos de la quiebra”. 

        MARITZA BARRIS

        En una carta a mano, Maritza Barris asegura que el dinero de la pensión que quieren quitarle no fue un regalo del Gobierno. 

        La maestra retirada — trabajó por 31 años — está preocupada porque su medicamento cuesta $200 mensuales, no recibe Seguro Social y solo tiene su cheque de pensión.

        "Ese dinero es mío, me lo gané con mucho esfuerzo y no es justo que cuando más necesito me lo quieran quitar”, escribió.

        Barris presentó, sin saber, dos reclamaciones distintas por su pensión. La Junta las rechazó ambas, primero por estar duplicadas y luego porque tampoco surgen de alguna deuda de salarios. Finalmente, la Junta pidió prorrogar la decisión sobre qué ocurrirá finalmente con la pensión de Maritza. 

        En el docket hay cartas de otras personas preocupadas por lo que ocurrirá con sus pensiones. Después de todo, llevan sufriendo recortes desde mucho antes de la quiebra.

        Miles de retirados reclamaron el dinero que dejarían de recibir si sus pensiones fueran recortadas o eliminadas. Todavía se desconoce cuál será el recorte final de las pensiones de todos los empleados públicos.

        THOMAS COOK

        Thomas Cook, vicepresidente de una firma de inversiones de Honolulu, Hawaii, pide a la jueza que no permita que llamen a sus clientes buitres ni hedge funds por tener bonos de Puerto Rico. 

        Dice que son “personas reales” que viven de sus ahorros. Cuestiona: “Si mis clientes han pagado sus cuentas todas sus vidas, ¿por qué no pueden esperar que Puerto Rico haga lo mismo?” 

        Años antes, quizás desde esa misma oficina en Hawai, Cook recomendó a sus clientes que compraran bonos de obligación general de Puerto Rico ya que esa deuda es “sacrosanta”, antecedida solamente por la mismísima deuda del Tesoro de Estados Unidos.

        EULALIA LÓPEZ

        La Corporación Azucarera de Puerto Rico fue creada en 1973 por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón. Fue cerrada y privatizada en el 1996 bajo la administración de Pedro Rosselló. La entidad administró varias centrales azucareras a través de la isla, una de ellas en Yabucoa.

        Eulalia López vive en Yabucoa y trabajó en la Corporación por más de 22 años. 

        Escribió una carta al tribunal federal para aclarar que aunque hay dos reclamaciones en el sistema bajo su nombre, en realidad se trata de lo mismo: $60,000 en salarios que nunca recibió bajo el Romerazo. 

        Eulalia firmó la carta con una cruz porque no sabe leer ni escribir.

        ANÍBAL ACEVEDO VILÁ

        Más de 1,000 páginas fueron enviadas al tribunal federal en julio de 2017, al comienzo del caso de quiebra. Las recopiló y envió el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. 

        Eran firmas y comentarios de miles de personas que exigieron declarar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) un servicio esencial. Esto frenaría cualquier recorte presupuestario a la universidad, ya que PROMESA requiere el financiamiento adecuado de los servicios esenciales que ofrece el Gobierno.

        “Un movimiento se ha creado para presionar al Gobierno y a la Junta a proteger la UPR. Más de 25,305 personas han firmado la petición de Internet pidiendo al gobernador y a la Junta que declaren oficialmente a la UPR como servicio esencial, que el plan fiscal sea enmendado y que se eliminen o reduzcan sustancialmente los recortes propuestos”, escribió el ex gobernador Acevedo Vilá en la carta que envió junto a la petición.

        Tres años después, la UPR ha sufrido más de $300 millones en recortes a su presupuesto. 

        ROCÍO HERNÁNDEZ

        Escribirle a la jueza Swain le sonroja la cara a Rocío Hernández, una bonista. Es viuda, tiene 80 años y vive en Santurce. Piensa que la jueza es alguien importante y ocupada, y ya es la segunda vez que le escribe. La primera fue en julio de 2017.

        “Me despierto por la madrugada con un susto, a pensar en mis compromisos y no poder conciliar más el sueño”, escribió en esa ocasión, preocupada porque recibe cada vez menos dinero de las inversiones que realizó junto a su esposo a través de la firma UBS. 

        Rocío no sabía que su dinero estaba en bonos de Puerto Rico, ya que su esposo estaba a cargo de todo. No sabe qué esperar del proceso de quiebra y teme que esto le ocasione una depresión, “sino es que la tengo ya”.

        Un año y medio después, a finales del 2018, escribió por segunda vez. Perdió el techo de su cuarto y baño con el huracán María, tiene más deudas, y el cheque de $420 que recibe de UBS no le da para pagar sus cuentas.

        “Sé que hay muchas personas que están igual o peor que yo, pero me quejo con respeto con todo el respeto ante usted pues no sé cuánto más pueda aguantar, aparte de que a mi hijo menor de 47 años le dio un derrame hace dos meses. Fuerte verdad?! Aparte de todo… Sé escribir inglés, pero encuentro que me puedo desahogar mejor [en español]. Puff!”, escribió Rocío al final de su segunda carta.

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